Entregan a Presidencia de El Salvador documentos de personas detenidas «arbitrariamente»
San Salvador, 18 dic (EFE).- Representantes de familiares de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria en El Salvador, en el contexto del régimen de excepción, entregaron este miércoles a la Casa Presidencial 175 expedientes de igual número de capturados, con lo que buscan su liberación.
Ivania Cruz, de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), explicó a EFE que los expedientes contienen documentos con información personal de los detenidos, así como cartas de antecedentes penales y certificados de estado de salud.
En algunos casos, indicó la abogada que brinda asistencia legal a familiares de detenidos, se ha agregado cartas de liberación emitidas por juzgados que «aún centros penales no ha hecho efectivas», dijo.
Señaló que estos expedientes «pasan al comisionado (de Derechos Humanos) Andrés Guzmán» y que está es la segunda entrega que realizan. En la primera ocasión, fueron proporcionados en julio pasado 83 expedientes Cruz apuntó que «a la fecha nos han pedido información extra de algunos de estos 83 expedientes, se las hemos hecho llegar pero no hemos tenido, ni hemos logrado ninguna libertad».
Agregó que suman 258 expedientes de personas detenidas.
La entrega de la documentación también fue acompañada por familiares de detenidos y por miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), una organización no gubernamental que brinda asistencia legal gratuita y que surgió en el marco de la implementación del régimen de excepción.
Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales suman más de 73.800 las detenciones.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), señaló recientemente que, según datos oficiales, más de 8.000 personas han sido liberadas pero «no son reconocidas por el Estado como víctimas de detenciones arbitrarias, a pesar que el presidente Bukele ha reconocido que son inocentes». EFE
sa/gf/ajs